El 3 de octubre ha entrado en vigor la Ley 8/2026, de erradicación del amianto, que introduce nuevas obligaciones para los propietarios de inmuebles en Cataluña.
La norma afecta tanto a personas físicas como jurídicas titulares de bienes en Cataluña y será exigible en operaciones de compraventa y alquiler de inmuebles anteriores al año 2002.
Entre sus principales novedades, establece la obligación de aportar un certificado de presencia o ausencia de amianto en las operaciones de compraventa y arrendamiento, con independencia del tipo de inmueble, ya sea una vivienda, un local, una oficina, una nave industrial o incluso un terreno.
Además, los propietarios deberán adoptar las medidas necesarias para retirar los materiales que contengan amianto una vez detectada su presencia.
El certificado deberá reflejar, como mínimo, (i) la presencia de amianto visible, (ii) su estado de conservación y (iii) el riesgo que pueda suponer para las personas.
La ley prevé un régimen sancionador de entre 100 y 100.000 euros, cuya aplicación está pendiente de desarrollo.
