El pasado 7 de octubre de 2026 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible (en adelante, el «RDL 29/2026»).
La norma, que entró en vigor el 8 de octubre de 2026 y fue convalidada por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados el 12 de noviembre de 2026, introduce modificaciones relevantes en el régimen de adquisición de viviendas, los arrendamientos urbanos, los procedimientos de desahucio y la fiscalidad inmobiliaria.
A continuación, resumimos las principales novedades y sus implicaciones prácticas.
- Cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Una de las principales novedades de la norma es la modificación del régimen de los arrendamientos, con especial incidencia en los contratos de vivienda temporal y por habitaciones.
Se establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales para determinados contratos de arrendamiento de vivienda habitual vigentes, a solicitud del arrendatario y siempre que se cumplan los requisitos legalmente previstos, entre ellos encontrarse al corriente de pago.
Arrendamientos temporales y por habitaciones. Se diferencia expresamente entre el arrendamiento de vivienda habitual y el de vivienda temporal. Este último deberá responder a una causa de temporalidad real, justificada y acreditable, que se deberá constar en el contrato. Su duración será, con carácter general, superior a 31 días y no excederá de 12 meses, salvo que persista la causa que justifica su temporalidad.
La falta de acreditación de dicha causa, el exceso injustificado de duración o la sucesión de contratos en los supuestos previstos legalmente podrán determinar que el arrendamiento sea considerado de vivienda habitual, con efectos retroactivos.
El alquiler por habitaciones queda expresamente incluido en la regulación de los arrendamientos de vivienda, estableciéndose que la suma de las rentas de las habitaciones alquiladas simultáneamente no podrá superar la renta correspondiente al arrendamiento de la vivienda completa.
Régimen económico, garantías y derechos del arrendatario. Se introducen nuevas restricciones en materia de rentas y garantías:
En las zonas de mercado residencial tensionado, la renta inicial no podrá superar la última renta vigente en los cinco años anteriores, salvo determinados supuestos que permiten incrementarla hasta un 10 %. Cuando el arrendador sea gran tenedor, deberá respetarse también el límite máximo establecido por el sistema estatal de índices de referencia.
La actualización anual de la renta únicamente podrá realizarse cuando exista pacto expreso entre las partes y quedará sujeta al Índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda (IRAV).
Adicionalmente, para los contratos de vivienda habitual cuya actualización anual corresponda entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, se establece un límite extraordinario: cuando la renta vigente supere el máximo del sistema estatal de índices de referencia, no podrá aplicarse incremento alguno; en los restantes casos, el incremento pactado no podrá superar el 2 % en ausencia de acuerdo entre las partes.
Las garantías adicionales a la fianza quedan limitadas a dos mensualidades en los contratos de vivienda habitual y a una mensualidad en los temporales.
Asimismo, se prohíbe repercutir al arrendatario los gastos de gestión inmobiliaria y los impuestos asociados a la vivienda.
Por otra parte, se refuerzan los derechos del arrendatario mediante la ampliación del derecho de adquisición preferente a determinadas transmisiones en bloque o de carteras, siempre que la vivienda sea individualizable, y la prohibición de renunciar contractualmente a dicho derecho. También se facilita la ejecución por el arrendatario de reparaciones necesarias para preservar la habitabilidad cuando el arrendador no atienda debidamente el requerimiento formulado.
Se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que establece obligaciones de registro y declaración responsable para la comercialización de determinados alquileres turísticos y de corta duración.
- Nuevas medidas de protección frente a los desahucios.
2.1 Régimen extraordinario de suspensión de los procedimientos de desahucio cuando la persona demandada se encuentre en situación de vulnerabilidad económica y carezca de alternativa habitacional.
El alcance de esta protección varía en función de quién ejercite la acción:
- Entidades adquirentes de activos inmobiliarios o carteras de préstamos hipotecarios impagados con finalidad especulativa («fondos buitre»): el tribunal deberá suspender el procedimiento cuando concurran las circunstancias de vulnerabilidad y falta de alternativa habitacional, incluso si ya se hubiera dictado resolución judicial o acordado el lanzamiento, siempre que este último no se haya ejecutado.
- Resto de demandantes: siempre que no resulte aplicable el mecanismo de enervación extraordinaria previsto en el artículo 5.Dos, el tribunal podrá suspender el procedimiento cuando la persona demandada se encuentre en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, y la Administración no haya proporcionado una solución adecuada. La suspensión se revisará judicialmente cada doce meses y podrá mantenerse durante un máximo de tres años, salvo que desaparezcan las circunstancias que la justificaron o se proporcione una alternativa habitacional adecuada.
Este régimen de suspensión no resulta aplicable cuando la parte demandante sea una persona física titular de dos viviendas o menos. Tampoco procederá cuando, atendidas las circunstancias concurrentes, deba prevalecer la situación de vulnerabilidad económica o habitacional de la parte demandante, con las excepciones previstas legalmente.
2.2. Enervación extraordinaria en los procedimientos de desahucio por impago.
Se introduce un mecanismo de enervación extraordinaria para los procedimientos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, cuando la persona arrendataria acredite encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. Este mecanismo no resulta aplicable a los supuestos comprendidos en el artículo 2.1, relativos a determinadas entidades adquirentes de activos inmobiliarios o carteras de préstamos hipotecarios impagados con finalidad especulativa.
Acreditada la situación de vulnerabilidad, se dará traslado a la Administración competente, que dispondrá de un plazo máximo e improrrogable de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o, en su defecto, abonar o consignar judicialmente la totalidad de las cantidades reclamadas y las devengadas hasta ese momento, así como las costas procesales. Durante este plazo quedarán suspendidos el procedimiento y, en su caso, el lanzamiento.
Si se efectúa el pago o la consignación íntegra dentro del plazo, se declarará enervada la acción y terminado el procedimiento, manteniéndose vigente el contrato de arrendamiento.
Por el contrario, si transcurren los dos meses sin que la Administración haya ofrecido una alternativa habitacional adecuada ni haya satisfecho o consignado íntegramente las cantidades debidas, quedará automáticamente subrogada en la posición deudora de la persona arrendataria. En tal caso, no procederá el lanzamiento y el contrato continuará vigente hasta su vencimiento, mientras persista la situación de vulnerabilidad económica.
- Restricciones a determinadas adquisiciones de vivienda
Hasta el 31 de diciembre de 2030, se limita la adquisición de viviendas por un precio inferior al 70 % de su valor de tasación de mercado cuando el comprador sea:
- Una entidad, con o sin personalidad jurídica, dedicada a la adquisición de inmuebles o de carteras de préstamos hipotecarios impagados por debajo de su valor de mercado.
- Una persona jurídica que tenga la consideración de gran tenedor, así como las entidades pertenecientes a su mismo grupo.
El valor de mercado deberá acreditarse mediante un informe de tasación emitido por una sociedad homologada.
La restricción contempla determinadas excepciones, principalmente cuando la adquisición tenga por finalidad la promoción de vivienda social o asequible, la atención de colectivos vulnerables o determinados destinos sociosanitarios. También se prevén supuestos vinculados a la adhesión a un futuro Código de Buenas Prácticas y a procedimientos de ejecución judicial o hipotecaria, con las condiciones establecidas legalmente.
- Principales novedades fiscales
IRPF: se establece una reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual de entre el 50 % y el 100 %, en función de determinadas circunstancias, y una nueva deducción estatal del 10 % para el arrendamiento de vivienda habitual, sujeta a límites de renta y de base de deducción. También se introduce una exención para determinadas ganancias patrimoniales derivadas de la venta de viviendas a Administraciones públicas.
SOCIMI: el gravamen sobre beneficios no distribuidos procedentes del arrendamiento de viviendas aumenta del 15 % al 25 %, con reducciones vinculadas al porcentaje de vivienda asequible de su cartera y a la reinversión de beneficios.
IVA: desde el 1 de diciembre de 2026, determinados arrendamientos turísticos y de corta duración pasan a tributar al tipo reducido del 10 %, quedando limitada la exención a los alquileres de más de 30 noches sin servicios hoteleros, con las excepciones legales.
IBI: se amplían los recargos municipales aplicables a viviendas permanentemente desocupadas y a alojamientos turísticos situados en zonas tensionadas.
Plusvalía municipal (IIVTNU): se actualizan los coeficientes máximos aplicables para determinar la base imponible, con efectos desde el 1 de diciembre de 2026.
